Asociaciones del sector inmobiliario y la CCAA de Madrid firmaron el Pacto Regional por la Vivienda la semana pasada

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a varias asociaciones del sector inmobiliario ha firmado la semana pasada el Pacto Regional por la Vivienda, con el que el se pretenden establecer las pautas de actuación a seguir en este sector.

Asociaciones del sector inmobiliario y la CCAA de Madrid firmaron el Pacto Regional por la Vivienda la semana pasada
Se ha firmado el Pacto Regional por la Vivienda

El sector inmobiliario es clave para la recuperación económica madrileña como consecuencia de la crisis originada por el Covid-19. El pacto se origina con la intención de paliar “los efectos económicos y sociales de la pandemia, impulsar el sector inmobiliario y facilitar un derecho institucional, el acceso a la vivienda”, ha indicado la presidenta Ayuso.

En qué consiste el pacto

El Pacto se asienta sobre siete pilares que buscan contribuir a crear empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid a través de un sector inmobiliario. El cual genera el 7% del empleo directo, el 15% del indirecto, y aporta hasta el 10% del PIB madrileño.

En primer lugar, se va a profundizar en la colaboración público-privada como medio para aplicar todos los recursos disponibles que reactiven el sector para cumplir con el fin de generar vivienda digna a un precio asequible.

La segunda medida es una  fiscalidad en materia de vivienda, ya que la repercusión de los impuestos sobre el precio final de la vivienda puede variar hasta en un 25% de su valor.

El tercer punto pasa por fomentar un mayor apoyo a la vivienda social, creando las condiciones que permitan seguir incrementando el parque público, en un entorno de dificultad presupuestaria como el actual, y colaborando con el tercer sector en cuanto a situaciones de vulnerabilidad social.

La cuarta de las medidas recogidas en este pacto habla sobre la necesidad de llevar a cabo una modernización administrativa. La burocracia pospone los proyectos y acaba encareciendo el precio de la vivienda en michos casos.

La seguridad jurídica es el quinto de los puntos acordados, teniendo en cuenta que en un momento de incertidumbre económica como el actual, el sector debe de contar con un clima de seguridad que favorezca la atracción de nuevas inversiones y la implantación de nuevos negocios y proyectos inmobiliarios que generen riqueza y empleo. Para ello, hay que disponer de un regulación, estable, transparente y equilibrado que atraiga dicha inversión.

Un paso más allá

El sector inmobiliario apunta que necesario contar con una financiación suficiente y estable. El acceso a la vivienda, especialmente a la primera, debe facilitarse con un sistema financiero e hipotecario que posibilite su avance, tanto en compra como en alquiler. El objetivo es conseguir un clima donde el acceso a la vivienda sea más fácil y rápido posibilitando el crecimiento del sector.

Por último, y tras la crisis originada por el Covid-19, el sector vive un momento donde se puede producir una transformación y actualización, propiciando la consolidación definitiva de su profesionalización, crecimiento digital y modernización.

Además se contempla un crecimiento continuado ya que en los objetivos para 2030, el sector inmobiliario será un pilar esencial para el crecimiento político y social de la economía.

Firmantes del pacto

El Pacto ha sido firmado por la comunidad de Madrid junto a la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI): Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV); Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (Amadei; Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA); Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima-APCE); Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL); Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo; Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM); Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid (Coapi); Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España; Federación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid (Concovi–FCV); Distrito Castellana Norte (DCN); el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA); y la Asociación Women in Real State Spain (WIRES).

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